| JUVENTUD Y ACCESO A LA ESCUELA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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| El caso de las violaciones a los derechos humanos en el Examen Único (Solicitud de intervención, presentada a Amnistía Internacional en marzo de 2004) |
| Karina Gálvez, una joven y sociable mujer de 15 años, y además, buena estudiante, leyó el periódico aquella mañana del primero de Agosto del 2003 y quedó completamente devastada. Ahí vio que había sido asignada a la ruta de educación técnica, una que hace mucho más difícil el continuar posteriormente a la educación superior. Las palabras de consuelo de su novio, de su madre y hermanas, que rápidamente se habían reunido en la sala de la casa, fueron de poco consuelo. La jovencita inventó una trivial excusa, subió al segundo piso de la casa, cerró la puerta de la recámara de sus padres y se suicidó con la pistola de su padre. Unos días más tarde, otra joven mujer, Elizabeth, aunque en un proceso de admisión diferente, también se quitó la vida pero con una sobredosis de barbitúricos. El mensaje escrito que dejó decía que ya que había sido rechazada una vez más en su intento de ingresar a la Escuela Normal, no quería agregar la carga de una colegiatura privada a las escasas finanzas familiares. La reacción ante estas muertes en la C. de México fue de consternación y confusión. Aunque ya se habían dado anteriormente protestas masivas de miles de padres de familia, estudiantes y sindicatos de maestros, esta era la primera vez que ocurría un suicidio. Las autoridades locales y federales, incluyendo al Secretario de Educación Pública intentaron minimizar las muertes. El director de la agencia privada que manufactura y aplica el examen, señaló que estas estudiantes eran simplemente “jóvenes enfermas”. Karina, sin embargo, era sólo una de los más de un cuarto de millón de jóvenes que cada año desde 1996, una vez que han terminado la educación básica, han tenido que sujetarse a un nuevo esquema si quieren continuar en la educación pública. En lugar de hacer su solicitud -como siempre había ocurrido- a la escuela(s) concreta(s) a la(s) que desean ser admitidos, los jóvenes ahora tienen que participar en un concurso regional (Concurso para el Ingreso a la Educación Media Superior), que incluye a cientos de escuelas. Este concurso masivo es organizado por las nueve instituciones públicas y sus 282 escuelas que funcionan en la región metropolitana[1]. Se trata de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), y para esto contratan a una agencia privada, el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CENEVAL). 
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| El contexto |
| La modificación en el acceso a la educación media superior está lejos de ser solamente logístico. Se trata de la manera más conveniente que ha encontrado la Secretaría de Educación Pública para resolver un problema concreto en el área metropolitana de la C. de México: la necesidad de disminuir la presión en las escuelas de mejor calidad y más demandadas (las de la UNAM e IPN) y, más importante aún, la manera de llenar las escuelas de menor calidad y de carácter técnico (vocacional), usualmente medio vacías. Estas escuelas no son las preferidas de los estudiantes por razones muy válidas: tienden a ser autoritarias, tienen una muy alta tasa de deserción, sus graduados registran poca aceptación en el mercado de trabajo y, más importante, reducen de manera sustancial las oportunidades de continuar los estudios en la educación superior. Los planificadores de la Secretaría de Educación Pública, bajo la dirección del que había sido Subsecretario de Educación Superior y era (1996) director de la agencia privada que vende el examen, diseñó este nuevo mecanismo, capaz de asignar estudiantes a escuelas técnicas, aunque estos prefieran ir a las escuelas de bachillerato general que conducen a la educación superior. El Concurso, también llamado Examen Único, fue presentado como una manera de facilitar el acceso a la educación preparatoria mediante el uso de un solo examen para ingresar a cualquiera de las escuelas. El truco sin embargo consiste en que los solicitantes deben enlistar hasta 21 escuelas en orden descendiente de preferencia, algo que difícilmente puede hacerse sin incluir escuelas técnicas[2]. Mediante el uso del resultado del examen y la lista del solicitante, los estudiantes vienen asignados centralmente por una computadora. En términos concretos esto significa que de los 150 mil solicitantes que quieren ingresar a las escuelas de la UNAM y el IPN (que en total sólo tienen 51 mil lugares disponibles), casi 100 mil vienen asignados a escuelas técnicas dedicadas a preparar en mecánica automotriz o alguna otra especialidad técnica (como fue el caso de Karina), o a escuelas de formación general que no están asociadas con una institución de educación superior. Lo que para los planificadores era un sueño, para los estudiantes, sin embargo, se convirtió en una pesadilla[3]. Desde el primer año apareció claro que más que el mérito (el número de aciertos obtenido en el examen), lo más importante era la suerte para el acceso a una determinada escuela. Si muchos colocaban como primera opción en su listado a la escuela A, esto tenía como efecto que se elevara el número de aciertos requerido para entrar a esa escuela, por ejemplo a 93 (de 128 posibles), pero otras escuelas menos demandadas B y C, de la misma UNAM se llenarían con estudiantes que tenían un número de aciertos tan bajo como 67. Esto era muy frustrante para los jóvenes, porque aunque obtuvieran un resultado alto, de 90 por ejemplo, eran enviados a una escuela técnica, básicamente porque habían solicitado ingreso a la escuela A y no a la B o C. Sentían lo jóvenes que habían sido engañados y frecuentemente se veían frustrados por algo que consideraban injusto y en contra de toda lógica académica. 
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| Las violaciones a los derechos humanos |
| Más allá de lo que se desprende de este contexto, las secciones sindicales de maestros y los sindicatos universitarios que constituyen la Sección Mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública[4] desean llamar su atención respecto de los siguientes puntos concretos de este procedimiento que configuran una violación a derechos básicos ya que se refieren a algo tan elemental como el acceso a la educación pública: 1) Los organizadores del Examen Único han establecido desde 1997 que aquellos solicitantes que no alcancen determinado nivel de aciertos (31) serán excluidos de la educación pública. Es decir, no serán asignados a ninguna escuela de toda la región (incluyendo la C. de México y los municipios circundantes del Estado de México), ni siquiera a una escuela técnica semivacía. En consecuencia, a miles de jóvenes de quince años que ya tienen el certificado oficial que indica que terminaron satisfactoriamente sus estudios anteriores, expedido por la autoridad federal (SEP), se les niega el derecho a ingresar a una escuela pública, a pesar de que, con el mismo diploma estos pueden ser admitidos en una escuela privada[5]. Esto significa que el Examen Único se coloca por encima de las evaluaciones realizadas durante años de escolaridad y del certificado de las autoridades federales. También se coloca por encima de las autoridades de las entidades federativas involucradas, que ni siquiera son consultadas respecto de la puesta en marcha de este procedimiento. Negar de esta manera el acceso a la educación no sólo es en contra de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino en contra de los principios generales establecidos en la constitución de México, donde se dice que “todo individuo tiene derecho a recibir educación” y también en contra del criterio más específico establecido por la legislación federal o Ley General de Educación. La ley establece que “todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones establecidas aplicables.” (Art.2o.). Aquellos a quienes se les niega el acceso a las escuelas públicas en la región de la C. de México no tienen las mismas oportunidades que quienes tienen el dinero suficiente para pagar una escuela privada en la misma C. de México. Y los criterios fijados por el Examen Único simplemente no son parte de las disposiciones generales aplicables que existen en el país. 2) Como se mencionó anteriormente, el Examen Único incluye la inusual y dura práctica de asignar de manera coercitiva a cerca de 100 mil para el ingreso a escuelas -sobre todo las técnicas- que objetivamente los colocan en una situación desventajosa social y educativamente hablando. Esto es algo que claramente va en contra del “derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional”, porque sus posibilidades de acceso posterior a la educación superior se ven sustancialmente disminuidas[6]. Obviamente, muchos de esos 100 mil estudiantes asignados a otras escuelas son tan capaces como los 51 mil admitidos a las escuelas de la ruta universitaria. El Examen Único forza a los estudiantes a aceptar un destino social que no merecen aún desde el punto de vista de una estricta lógica del mérito. 3) La exclusión de miles de la educación pública así como la asignación de miles a escuelas no deseadas está basada únicamente en los resultados de un examen de 128 reactivos de opción múltiple. Este se administra a un cuarto de millón de solicitantes en dos días, en hacinados turnos de tres horas desde temprano por la mañana, y, mientras muchos son evaluados al interior de los centros, muchos más aguardan fuera nerviosos con sus familias, que les ofrecen palabras de apoyo llenas de ansiedad (“no nos falles”). Aún para ambientes menos estresantes, organizaciones tales como el College Board y la Asociación Psicológica Americana expresamente han advertido acerca del uso de los resultados de un solo examen para tomar decisiones que afectan la vida de los individuos[7], y aún más cuando serias deficiencias se han encontrado en dicho examen, como por ejemplo, preguntas que contienen errores o son extremadamente confusas[8]. 4) Además, exámenes como el que se utiliza en el Examen Único tienen un sesgo en contra de aquellos que provienen de niveles socioeconómicos bajos, barrios pobres, escuelas públicas y mujeres. En consecuencia, no sólo hay una insuficiencia de lugares en la educación superior, pero llegar a ellos es más difícil para ciertos grupos. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el CENEVAL, los estudiantes que provienen de la más rica Delegación Benito Juárez, por ejemplo, alcanzan una calificación promedio de 1041 puntos, mientras que aquellos que provienen del área semi rural como Tláhuac logran 986. Empero, una diferencia de tan solo 15-25 puntos en esta escala puede resultar en una asignación a una escuela técnica[9]. Sobre todo en un contexto, como el mexicano, de drásticos contrastes sociales, usar un examen de este tipo para definir el destino de cientos de miles es algo que se convierte en claramente discriminatorio. Ciertamente no llena el criterio establecido por la ley federal para regular el acceso a la educación: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas -continúa la ley- estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenen condiciones económicas y sociales de desventaja.” (Art. 32 Ley General de Educación). 5) El Examen Único ha tenido un fuerte impacto social y humano; el suicidio es sólo su más reciente y alarmante manifestación. Desde el comienzo de este procedimiento, cerca de 30 mil estudiantes han sido excluido de la educación pública y más de 800 mil han sido enviados a escuelas que realmente no escogieron. Como resultado, en ocho años de Examen Único el número de desertores en este nivel medio superior se ha incrementado de manera significativa en la Ciudad. Antes del examen, el promedio de deserción era de 17.8 por ciento al año. Pero una vez que se inició, ha aumentado a 24.4 por ciento. Esto significa que cerca de 100 mil estudiantes abandonan la escuela cada año. Impedir a los jóvenes continuar en la educación pública u obligarlos a estudiar mecánica automotriz cuando son realmente capaces de ir a la ruta universitaria, son prácticas que contribuyen a generar un clima de ansiedad y frustración ente los jóvenes. Los suicidios son la indicación más fuerte y evidente de que ese clima ha ya alcanzado niveles alarmantes[10]. Tememos que, como ha ocurrido en otros países, una vez que la ruta se ha abierto, más muertes ocurrirán en los siguientes años si continúa el Examen Único[11]. 6) Todos los canales y recursos legales están cerrados para los estudiantes, padres de familia y otros grupos interesados que han externado sus quejas respecto de este procedimiento. Esto significa que no tienen ningún recurso efectivo para obtener la protección de la ley o de las autoridades que tienen la responsabilidad de hacerla cumplir. Cuando a las autoridades federales y locales se les presentan los datos arriba mencionados y las violaciones a la ley, su respuesta consiste en señalar que no tienen responsabilidad alguna respecto de ese mecanismo, o hace caso omiso de las quejas o, en el extremo de la ironía, canalizan a quienes se quejan del Examen Único y los orientan a presentar sus quejas a los organizadores mismos del Examen. No es sorpresa alguna que los organizadores (las autoridades de las instituciones que participan en el Examen Único) nunca encuentran que las quejas estén fundadas. A pesar de los datos, de sus propios documentos que los incriminan[12], de los argumentos de naturaleza social o legal y a pesar de los suicidios, nunca han ellos aceptado que haya algo erróneo en el procedimiento. Derivar el asunto a los organizadores, sin embargo, es algo que también violenta la ley, dado que las autoridades locales y federales son las que legalmente están obligadas “de manera concurrente a… vigilar el cumplimiento de esta Ley.” (Art. 14, X Ley General de Educación)[13]. Y esto incluye, como se mencionó antes, el ver que se “establezcan condiciones que permitan ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo… así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanecía en los servicios educativos.” (Art. 32 Ley General de Educación). Las autoridades mantienen su posición señalando que no hay nada malo en el procedimiento, a pesar del hecho de que ni la existencia del Examen Único ni sus criterios está fincada en alguna “disposición general”, -como requiere la ley si el derecho general a la educación debe limitarse o condicionarse- dado que no hay norma, decreto o alguna otra forma legal que haya sido expedida para sustentar su legalidad, ni siquiera un memorándum de la autoridad educativa. Por otro lado, el acceso al beneficio de la ley ha sido cerrado por el sistema judicial (los jueces no han respondido favorablemente a los diversos recursos legales interpuestos por padres de familia y estudiantes), y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecida por el Congreso. Esta Comisión ha rechazado tres quejas sustentadas en abundante documentación presentadas por la Coalición. Una queja, por ejemplo, incluía varios cuadros de datos donde se mostraba la manera como las mujeres una y otra vez aparecían en segundo lugar cuando se utilizaba el examen de la agencia privada, CENEVAL. Por ejemplo, las mujeres aparecían como iguales o como apenas ligeramente superiores académicamente a los hombres en sólo dos de los 32 estados del país cuando se aplicaba el examen para el ingreso a la Educación Media Superior. La respuesta de la Comisión a esto y a páginas y páginas de datos significativos fue en el sentido de decir que no podían darse violaciones a los derechos humanos de las jóvenes mujeres con el uso de los exámenes del CENEVAL “…porque en su elaboración intervienen calificados representantes de las instituciones públicas… algo que garantiza la transparencia y honestidad del CENEVAL y sus tests.” (Oficio 30383, 29 Sept. 1999, Expediente 99/541-1, p.7 en respuesta a nuestra queja de Marzo 8, 1999). Quizá uno de los más importantes elementos en todo este asunto es el hecho de que el CENEVAL aunque formalmente se trata de una organización sin fines de lucro, fue fundado y es dirigida por una Asamblea de Asociados presidida ex-oficio por el Secretario General de Educación, junto con otros Subsecretarios. En la cultura política mexicana, esta presencia no sólo envía un fuerte mensaje para las instituciones públicas a fin de que contraten los servicios del CENEVAL -lo que explica su actual prosperidad- pero también para garantizar un muy amigable tratamiento cuando surge cualquier queja. Esto es también algo que explica la reticencia de la Secretaría a intervenir en el caso del Examen Único[14]. La única respuesta favorable que ha surgido del circuito de los derechos humanos ha venido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal[15]. Al contestar una queja presentada por la Coalición, en Mayo 2001, la Comisión envió una carta al gobierno local en la que le pide intervenga dado que la ley de educación de la Ciudad establece que las autoridades locales “podrán analizar junto con las instituciones de educación superior…, la problemática de este nivel para proponer soluciones que atiendan las necesidades de la Ciudad de México y respondan a los principios de igualdad y equidad en el ingreso a la educación superior…” (Art. 75 Ley de Educación del Distrito Federal). Sin embargo, esta solicitud, enfrentada a la resistencia del gobierno federal y local, resultó poco eficaz: el gobierno local envió una carta a la Secretaría de Educación Pública pidiéndole el inicio de pláticas sobre el tema, a la SEP le tomó un año responder (y sólo para decir que estaba enviando la carta a la consideración de otra de sus oficinas), el gobierno local nunca realmente insistió en todo ese año y ahora afirma que ha hecho ya lo que le corresponde. 
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| Conclusiones y petición formal |
| En el contexto de numerosas y serias violaciones a los principios básicos para el acceso a la educación y a las propias leyes federales y locales que garantizan tal derecho, y en un contexto en el que no hay realmente esperanza de que las quejas recibirán la consideración básica que merecen en un Estado de derecho y de respeto a sus ciudadanos, es que nosotros pedimos a Amnistía Internacional que intervenga y que considere a fondo el asunto que aquí se le presenta. Sometemos a la consideración de Amnistía Internacional la importancia de una resolución suya que le pida al Gobierno Mexicano y al Gobierno de la C. de México el que actúen de manera pronta, decisiva y de acuerdo con la ley y que suspendan la aplicación del Examen Único y que establezcan una comisión independiente y plural para estudiar la situación de este nivel educativo en la Zona Metropolitana de la C. de México. Esta comisión tendría como objeto hacer las necesarias recomendaciones a las autoridades locales y federales para mejor cumplir con los derechos humanos, la legalidad respecto del acceso a la educación y, como señala la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la progresiva generalización de la educación superior. |
| Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Sección Mexicana |
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Referencias: |