LA REFORMA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO José Antonio Vital Galicia Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos (Ponencia presentada en la VIII Conferencia Trinacional en Defensa de la Educación Pública, realizada en Los Ángeles, California, E.U, del 18 al 20 de abril de 2008) LA NUEVA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO El pasado 22 de marzo de 2007, con el aval y promoción de los representantes sindicales del Magisterio y de la Federación de Trabajadores del Estado, el Congreso aprobó la desaparición del régimen de seguridad social público, integral, solidario y con carácter redistributivo conquistado en los últimos 50 años, afectando a 2.4 millones de maestros, trabajadores de la salud, de los gobiernos federal y estatales, del poder judicial y legislativo. En su lugar se establece un sistema individual, mercantil y manejado por el sector financiero, con elevadas aportaciones definidas y beneficios inciertos. El Estado abandona su función social y como patrón elude la protección que la Revolución Mexicana instaura como un derecho de todos los mexicanos. La amplia respuesta social generó la presentación de más de 700 mil demandas judiciales contra la nueva ley que privatiza los fondos del Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado. De igual manera crece el repudio a las dirigencias sindicales que acordaron la reducción de beneficios a 10 millones de mexicanos, específicamente contra Elba Esther Gordillo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Joel Ayala Almeida presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). En México el sistema de seguridad social cubre sólo a la tercera parte de la población económicamente activa y cerca del 50% de la población. Es financiado tripartidamente con un costo para las finanzas públicas de cerca del 1% del PIB. La protección social de los trabajadores del estado cubría 21 seguros y prestaciones en materia de atención médica, jubilaciones y pensiones, riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, prestaciones económicas, sociales y culturales entre las que se encuentran vivienda, guarderías, servicios funerarios, créditos personales e hipotecarios, centros recreativos y deportivos. La nueva ley del ISSSTE, se aprobó sin consultar a los empleados públicos, al margen de los electores de los legisladores y sin rendición de cuentas de los fondos de pensiones, de los servicios médicos y prestaciones sociales. El diagnóstico se basó en el cambio demográfico, la transición epidemiológica y un supuesto alto costo financiero del pago de las pensiones. La estrategia seguida para imponer la nueva ley se concentró en el desfinanciamiento de la seguridad social, el señalamiento de que los empleados públicos gozan de prestaciones privilegiadas y de golpes a la organización democrática de los trabajadores, particularmente al magisterio democrático y los trabajadores de la salud. Paralelamente se precarizó el empleo, mediante la contratación ilegal de trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin aseguramiento en la seguridad social y sin organización sindical. Otra estrategia seguida fue la reingeniería de las instituciones, fragmentando regional o estatalmente la seguridad social y dividiendo el manejo y aseguramiento del sector educativo, salud y otros trabajadores del Estado. Establecen esquemas diferenciados entre trabajadores de educación básica y los de la educación superior, al personal de confianza y profesionales de carrera les asignan aseguramientos mixtos con servicios médicos privados. Las características de la nueva ley se pueden resumir en la reducción de 21 a 4 seguros y prestaciones y en el establecimiento de cuentas individuales manejadas por aseguradoras financieras privadas fijando una pensión mínima garantizada de dos salarios mínimos (300 dls mensuales), se estima que el monto de las pensiones para las nuevas generaciones representarán el 30% del salario de cotización. Se desaparece la jubilación por años de servicios que establecía 28 años para la mujer y 30 para los varones, eleva la edad y los años de servicios para las jubilaciones. Las pensiones por invalidez y muerte se eliminan, la protección dependerá del ahorro del trabajador. El fondo de ahorro para el retiro y de vivienda ya no se recibirá al momento de la jubilación. Las prestaciones sociales, económicas y culturales se otorgarán bajo criterios de rentabilidad y productividad. La nueva ley del ISSSTE se estima tendrá un alto costo financiero que cubrirá el Estado de los impuestos de todos los mexicanos y mexicanas, pues se compromete a pagar las pensiones en curso, a estos e suma también el lucro de las aseguradoras privadas. La estimación es de 2.8 millones de pesos equivalente a poco mas del 30% del PIB, el costo social representará el empobrecimiento de las pensiones afectando principalmente a los trabadores de la educación. LAS REFORMAS NEOLIBERALES A LA SEGURIDAD SOCIAL El neoliberalismo ha impulsado la reforma del Estado, el libre comercio y las políticas guerreristas de seguridad nacional, que se han traducido en la apertura comercial, la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación en la inversión privada y en la contratación laboral para flexibilizar el uso de la fuerza laboral, procesos de descentralización administrativa y concentración del control financiero y del diseño de políticas. Los organismos internacionales como son el banco mundial, la OCDE, el FMI, han sido los instrumentos para presionar a los gobiernos y sociedades a subordinarse a la lógica de las empresas transnacionales particularmente a la banca internacional. Las reformas a la seguridad social en la globalización tienen tres ejes fundamentales. El abaratamiento del uso de la fuerza de trabajo, la privatización de servicios sociales y la generación de un mercado de valores (de capitales) para apuntalar el sistema financiero internacional. La reducción del costo laboral, se ha centrado en la precarización del empleo y en el abandono de la función social del estado. El empleo sin estabilidad y desarrollo profesional crece violado la legislación laboral existente. La flexibilización o polivalencia en las funciones o actividades de trabajo se desarrolla sin otorgar la protección social al trabajo al no asegurar a los regímenes de seguridad social o proporcionando seguros parciales. Se estima que el trabajo precario supera el 50% de la planta laboral en los servicios de salud, en todo el sector publico se reconocen mas de 330 mil empleos precarios. Las reformas estructurales de tercera generación están dirigidas a la privatización de la salud y seguridad social, la educación y el sector energético. En el sector salud y de la seguridad social se ha generado un mercado mediante el subsidio del Estado, para el aseguramiento de sectores laborales de altos ingresos. Se han segmentado las funciones de aseguramiento, la prestación de servicios y financiamiento, dejando el manejo al sector privado las funciones más rentables y la fuerza laboral con mayores ingresos. Tal es el caso que en la salud se privatiza prioritariamente la atención médica hospitalaria y en la educación principalmente la educación media superior y superior. Los fondos de la seguridad social para financiar el mercado de valores, la millonaria transferencia de los fondos de pensiones, de los servicios médicos, las prestaciones sociales y de vivienda constituye la apropiación de la banca del ahorro social para generar un mercado de capitales que lejos de tener una inversión productiva para crear empleo ha devenido en capital especulativo de ganancia rápida, transformando parte del ahorro laboral en deuda interna en el país. La privatización de las ganancias y la socialización de las perdidas es la consigna del capital en la globalización. LA RESPUESTA SOCIAL Y SINDICAL Reforma enjuiciada legalmente con una amplia respuesta sindical y social, encabezada por el magisterio democrático de México. La lucha contra la nueva ley ha sido enfrentada con la represión, la fragmentación de las demandas y el desgaste de las luchas. El uso indiscriminado y abusivo de los medios de comunicación masiva ha obstaculizado la extensión del movimiento y ha fraccionado la respuesta. Los golpes represivos al magisterio democrático y el desgaste en los procesos de elección de las representaciones democráticas de los trabajadores de la educación y en el sector salud han sido los recursos reiterados del gobierno y los charros sindicales para imponer sus reformas privatizadoras. Así se ha vivido una ofensiva contra maestros en Oaxaca y otros estados, en los trabajadores del Seguro Social del valle de México, de los trabajadores del centro médico nacional 20 de nov. Del ISSSTE y los trabajadores de los Servicios de Salud. El movimiento democrático ha logrado presentar más de un millón de demandas legales contra la nueva ley del ISSSTE, es decir más del 50% de los trabajadores del Estado han presentado recursos jurídicos. Destaca la unidad de los trabajadores de la seguridad social con los derechohabientes. Con un número significativo de suspensiones de la aplicación de la nueva ley, se ha obligado al poder judicial a revisar la inconstitucionalidad de la nueva ley, no obstante no se ha generado la presión suficiente para evitar el tortugismo y la parcialidad de la Suprema Corte de justicia en los procesos penales contra la nueva ley. El movimiento sindical mexicano y las fuerzas políticas progresistas, han dado un apoyo solidario sin lograr un compromiso definitivo para frenar las reformas a la seguridad social y el conjunto de cambios neoliberales. Las limitaciones del movimiento. La abrogación de la nueva ley del ISSSTE, unifica a los movimientos de oposición, sin embargo las alianzas de algunos contingentes con sectores del charrismo sindical han limitado las estrategias unitarias para echar abajo las reformas neoliberales. Otro elemento es la dispersión de la presión a los actores estatales, por un lado el magisterio ha dirigido sus esfuerzos hacia el director del ISSSTE, incondicional de Elba Esther Gordillo, mientras que el sector salud y trabajadores universitarios han encaminado sus acciones hacia la Suprema Corte. La carencia de propuestas alternativas al modelo neoliberal de seguridad social ha provocado que exista un vacío de contenidos en la lucha, que sumado a la definición del interlocutor principal ha reducido el impacto de las importantes movilizaciones que se han realizado hasta la fecha. LOS RETOS DE LA LUCHA Sostener un movimiento por mas de un año ha sido le logro principal de las fuerzas democráticas y de clase de México. Un reto es la construcción de una propuesta de fortalecimiento de la protección social que sea asumida por el conjunto de la sociedad mexicana. El derecho a la salud y la seguridad social como un derecho constitucional establecido como resultado de la revolución del siglo pasado, como un derecho humano universal y como parte de los convenios internacionales de protección social a los pueblos del mundo. Otro reto es el desarrollo de un proyecto de reconstrucción nacional, en un país devastado por el libre comercio y la voracidad financiera. Esta es una tarea central para pugnar por la distribución de la riqueza y la refundación de la organización de los trabajadores que además de la defensa gremial tenga un alto contenido social y de incidencia en la toma de decisiones nacionales. La revaloración del trabajo forma parte del núcleo de la lucha por la defensa de la seguridad social integral, solidaria y pública. El derecho a trabajo digno, empleo pleno y la profesionalización del trabajo. La responsabilidad de las sociedades en la protección social de sus miembros desde que nacen hasta que mueren, se traduce en la obligación del Estado por cuidad el valor más importante de sus miembros: al trabajador, y no la protección del capital y la voracidad de las ganancias. Hoy en México, estamos ante el reto de reconstruir la organización de los trabajadores, refundar principios, programa y prácticas que permitan recupera para la clase trabajadora el papel protagónico en la conducción del país y en la creación de horizontes históricos para el mejoramiento de nuestra sociedad y el enlazamiento con los pueblos hermanos que luchamos por un mundo mejor.