Jueves 12 de diciembre de 2002 El Correo Ilustrado Celebran 25 aniversario del avance sindical en el SNTSA Señora directora: con motivo del 25 aniversario del triunfo del movimiento sindical democrático del Hospital General de México se realizará un acto político-cultural el día 18 de diciembre a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad (Donceles no. 36, Centro). La conquista de un comité democrático en la sección XIV del SNTSA generó la corriente democrática en el sector salud que por mas de dos décadas ha efectuado la defensa de los servicios públicos de salud y seguridad social en nuestro país y por el mejoramiento económico y laboral de los trabajadores, lucha que hoy permite que estos servicios subsistan como uno de los pocos derechos sociales en toda América Latina y disminuir las inequidades entre los trabajadores del sector. Hoy la violenta ofensiva neoliberal contra los servicios públicos se ha dirigido especialmente a los servicios de salud y seguridad social, existiendo la amenaza de desaparecer la jubilación por años de servicios y estrangular financieramente los servicios médicos para su privatización, por lo cual la conmemoración de la lucha democrática en el sector la realizaremos con un acto por la salud y seguridad social para todos, que esperamos nos acompañe y apoye. Solicitamos un donativo voluntario para la campaña en defensa de estos derechos sociales que aún disfrutamos los mexicanos. J. Antonio Vital, Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos Miércoles 7 de julio de 2004 Represión en 1978 Ex líderes del sector salud exigen justicia GUSTAVO CASTILLO Ex dirigentes de la sección 14 del Sindicato de Salud demandaron al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, que intervenga para que se agilicen las investigaciones en torno a los actos de tortura y de privación ilegal de la libertad que sufrieron en 1978, cuando realizaron un paro de labores en el Hospital General. Antonio Vital Galicia presentó, en nombre de los ex líderes sindicales, un escrito en la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República para que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) deje ya las dilaciones y cite a comparecer a "los responsables" de aquellos hechos, ya que incluso hay quienes han ido falleciendo en meses recientes sin siquiera haberlos citado a comparecer, como son los casos del ex presidente José López Portillo y del ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios. Vital Galicia expuso que desde el 9 de septiembre de 2003, fecha en la que se interpuso la denuncia por tortura y privación ilegal de la libertad, el titular de los Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, les ha cancelado en tres ocasiones las citas pactadas "y por ello tampoco se le ha hecho entrega de videos que formarían parte de las pruebas en contra de los represores de los trabajadores del sector salud en 1978. "Sentimos que hay una dilación alrededor de la fiscalía, pues en 10 meses no hay avances en la averiguación previa, porque no se ha llamado a declarar al actual dirigente de los burócratas, Joel Ayala, quien en 1978 era secretario general del Sindicato de Salud, como tampoco al priísta Manlio Fabio Beltrones, quien era secretario particular de Gutiérrez Barrios y llegó a ofrecer hasta nuestra salida del país", señaló Vital Galicia. Finalmente, aseguró que en el escrito presentado se le pide al procurador Macedo de la Concha que si la Femospp no avanza con su indagatoria, entonces el caso sea turnado a otra área de la Procuraduría General de la República. Martes 17 de agosto de 2004 Ex trabajadores de la SSA los acusan de diversos delitos cometidos presuntamente en 1979 Desecha la Femospp pedir ejercicio de acción penal contra Beltrones y Ayala Tres de los ilícitos ya están prescritos y uno más no se pudo comprobar, concluye ALFREDO MENDEZ ORTIZ La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no solicitará el ejercicio de la acción penal contra el diputado priísta Manlio Fabio Beltrones, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, y otros ex funcionarios que participaron en el gobierno del ex presidente José López Portillo, quienes fueron acusados de incurrir en los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura y ejercicio indebido de la función pública. La fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto determinó que tres de los actos ilícitos presuntamente cometidos en 1979, en perjuicio de ex trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA) -quienes denunciaron a los ex servidores públicos el 9 de septiembre de 2003-, ya están prescritos, mientras que el otro no se pudo comprobar. Los denunciantes, Antonio Vital Galicia y Jesús Néquiz González, ex líderes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), y el abogado Enrique González, representante legal de los quejosos, se presentaron ayer en las instalaciones de la Femospp para conocer el sentido de la resolución ministerial correspondiente a la conclusión de la averiguación previa PGR/303/2003. A su salida del edificio, tras haber sido notificados del resolutivo, los denunciantes consideraron que la fiscalía es una ''farsa'' y ''fue creada para proteger a los represores del pasado''. También coincidieron en señalar que la Femospp concluyó la indagatoria sin haber citado a declarar a los ex funcionarios mencionados, por lo que adelantaron que solicitarán la protección de la justicia federal mediante una demanda de amparo, a fin de que el Ministerio Público reabra las investigaciones del asunto. Vital Galicia consideró que los delitos imputados a los presuntos responsables ''son considerados por la legislación vigente de lesa humanidad y por ello son imprescriptibles. Se nota en los términos de la notificación que nos dio el Ministerio Público, Héctor Amaro, que prácticamente no se investigó a los denunciados y nunca se les citó a declarar, mientras que a nosotros sí se nos indagó a pesar de que señalamos bien en la denuncia el tipo de represión que sufrimos en el Hospital General y en una veintena de organizaciones sindicales a manos (en 1979) de la Secretaría de Gobernación''. Incluso refirió que la Femospp ''esperó a que el ex presidente José López Portillo (también señalado como presunto responsable de los hechos) muriera, para concluir la averiguación previa, lo que nos demuestra la parcialidad del fiscal Ignacio Carrillo''. Añadió que ''además del amparo vamos a reclamar políticamente en los próximos días mediante manifestaciones ante la Procuraduría General de la República, y enviaremos un documento a la Presidencia de la República para pedir que Vicente Fox cumpla su palabra respecto de que castigaría a los responsables de los delitos del pasado''. El abogado Enrique González precisó por su parte que la Femospp determinó no solicitar la aprehensión de los indiciados con el argumento de que ''algunos de los delitos ya prescribieron y que en otro no se demostró la probable responsabilidad''. Agregó que, en este caso, la fiscalía ''fungió como una instancia de encubrimiento de los políticos del pasado, y ya esto parece un común denominador ahí: se le pierden los expedientes, se le van los testigos, se le mueren los acusados, en fin, estamos frente al fracaso de la Femospp, ha sido una farsa''. Los hechos En su querella, los quejosos aseguran que en 1978 agentes de la Brigada Blanca (grupo paramilitar que dependía de la Secretaría de Gobernación) arrestaron y torturaron a integrantes de la sección 14 del SNTS, que realizaban una huelga en demanda de mejores condiciones laborales. Según los denunciantes, poseen pruebas documentales, filmográficas y periodísticas de lo ocurrido en julio de 1978 en el Hospital General. En su declaración ministerial, Vital Galicia indicó que ''los representantes de los trabajadores (incluido él) fueron sometidos a un tratamiento especial los días 22 y 23 de julio de 1978'', cuando se los recluyó en una cárcel clandestina ubicada en el sótano de un edificio que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal poseía en la calle Pino Suárez, que se derrumbó con los sismos de 1985. Asimismo, explicó que ese año agentes de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia los sometieron a diversos actos de tortura, como la aplicación de toques eléctricos. Entre los ex funcionarios que fueron denunciados se encuentran el ex presidente José López Portillo; Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien entonces fungía como secretario particular del titular de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, y Joel Ayala Almeida. Domingo 24 de abril de 2005 La fiscalía considera que no hay pruebas de su responsabilidad en la represión de 1978 No se ejercitará acción penal contra Joel Ayala, López Portillo y Beltrones: Femospp GUSTAVO CASTILLO GARCIA La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) decretó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, denunciados en contra del ex presidente José López Portillo, del diputado priísta Manlio Fabio Beltrones y del senador Joel Ayala Almeida entre otros, al considerar que no hay elementos de prueba para acreditar que tuvieron responsabilidad en la represión del movimiento médico en 1978. Por medio de un oficio colocado en los estrados de la Femospp, el órgano que dirige Ignacio Carrillo Prieto notificó la decisión del Ministerio Público de que la averiguación previa PGR/FEMOSPP/303/2003 quedará como no ejercicio de la acción penal. Con esta determinación ministerial se cancela cualquier posibilidad de juicio al presidente de la actual mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y al líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y senador, Joel Ayala Almeida. Asimismo, aunque por haber fallecido ya no se podría ejercitar acción penal, la Femospp señaló que no ha lugar al ejercicio de la acción penal en contra del ex presidente José López Portillo, así como de Jesús Reyes Heroles y Fernando Gutiérrez Barrios. Esta denuncia se inició en septiembre de 2003, cuando ex trabajadores de la Secretaría de Salud presentaron una denuncia penal, por tortura y otros delitos contra el ex presidente José López Portillo y varios funcionarios de su gobierno. Antonio Vital Galicia, Jesús Néquiz González y Marco Antonio Rocha Romero se presentaron ante el Ministerio Público Federal para denunciar que en 1978 agentes de la Brigada Blanca (grupo paramilitar que dependía de la Secretaría de Gobernación) arrestaron y torturaron a integrantes de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que realizaban una huelga en demanda de mejores condiciones laborales. La decisión de la fiscalía ocurre a pesar de que los denunciantes aseguraron que proporcionaron pruebas documentales, filmográficas y periodísticas de lo ocurrido en julio de 1978 en el Hospital General.