PACTO SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y LA JUSTICIA SOCIAL[1]

Por la unidad de los trabajadores de la salud y la sociedad
J. ANTONIO VITAL GALICIA[2]
ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y EMPLEADOS PÚBLICOS

"En la larga lucha del hombre en contra de la injusticia, la miseria, el temor, la ignorancia, la enfermedad y la inseguridad, se han promovido muchas y muy variadas soluciones, pero entre todas ellas destaca en el mundo contemporáneo la fórmula de la seguridad social, que es la expresión más cercana a la justicia social anhelada por nuestro pueblo".

El sistema de seguridad social mexicano protege al 33% de la población ocupada y poco más de 50 millones de mexicanos (la mitad de la población) está integrado principalmente por dos instituciones que son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que da cobertura a 12 millones de trabajadores de la iniciativa privada, miembros de sociedades cooperativas, ejidatarios, comuneros, y trabajadores independientes; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE). Que afilia a 2.5 millones de empleados públicos. Este sistema de seguridad social fue una conquista de los trabajadores mexicanos desde la Revolución de 1910 y se distinguió por su concepción integral de la salud y bienestar de los trabajadores y sus familias, actualmente esta plasmado como derechos constitucionales de los mexicanos con responsabilidad del Estado.

A partir de la década de los 80s, en México, como en otros países de América Latina, el gobierno y el gran capital nacional y extranjero, pretenden que las instituciones de salud y seguridad social dejen de ser aquéllas que brindan bienestar social, equidad y justicia, buscan hacer a un lado el concepto de derecho social y las formas solidarias e igualitarias para alcanzarlo, para hacerlas cada vez más restrictivas, selectivas e individuales, fortaleciendo así el proceso de privatización.

Este trabajo, pretende dar cuenta de los principales cambios que se han impuesto en México, así como de la lucha de resistencia de los años recientes, realizada por los trabajadores mexicanos por defender el derecho a la seguridad social como un derecho social y humano fundamental.

Hacemos una breve revisión de los impactos económicos, laborales, sociales y políticos de las reformas neoliberales a la seguridad social, así como del contexto político y de sus implicaciones.

I.- El despojo de los fondos de pensiones, la verdadera razón de la reforma.

En México, durante 2004 se expresaron las movilizaciones sindicales más importantes de los últimos años en defensa del sistema de seguridad social. A lo largo del país se protagonizaron amplias manifestaciones que rebasaron los 500 mil participantes en defensa del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del ISSSTE, así como del Contrato Colectivo de los trabajadores del IMSS; al mismo tiempo se realizaron multitud de eventos y discusiones para enfrentar la amenaza gubernamental que pretendía su desaparición.

Con estas acciones, se impidió por segundo año consecutivo, la imposición de la reforma al ISSSTE y se conservó el Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores del IMSS, experimentándose distintos esfuerzos de unidad entre los trabajadores y las organizaciones sindicales democráticas, que confluyeron en la constitución del Frente Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, instrumento básico para la defensa de la seguridad social mexicana.

¿Cuáles son los argumentos patronales y gubernamentales para tratar de imponer las reformas?

Desde 1982 se planteó la necesidad de la reestructuración del IMSS, con el argumento de que el contrato colectivo de los trabajadores de la institución resultaba muy oneroso y los beneficios de los asalariados mexicanos eran altos. En 1992, se establece un seguro de retiro administrado por el sector privado, con lo que se inicia el proceso abierto de privatización de las instituciones de salud y seguridad social. La reforma a la ley del IMSS en 1995, constituyó el primer cambio estructural que transfirió la administración del ahorro laboral a organismos privados.

La actual ofensiva se inicio en Junio del 2001 cuando el gobierno federal y los directores de las principales instituciones de seguridad social (IMSS E ISSSTE), anunciaron la crisis financiera de las mismas, justificaron así, lo que según ellos es la causa de ésta, así como del desfalco de las finanzas públicas: el Régimen de Jubilaciones es el responsable del desequilibrio económico de las instituciones. En el diagnóstico presentado por estos funcionarios, se pone énfasis en las siguientes causas de la crisis:

l   Las pensiones desfinancian al Estado,

l   el envejecimiento de la población asegurada,

l   los altos beneficios y las bajas aportaciones,

l   el costo alto de la atención médica hacia los jubilados,

l   la transición epidemiológica de la población.

Pero no dicen nada respecto al despojo de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, pues minimizan la inexistencia de los fondos de pensiones acumulados (Reservas Actuariales), omiten hablar de la evasión patronal, de la disminución de la población asegurada y de la caída de los salarios de cotización.

Del 2002 al 2005, tanto gobierno como patrones han repetido sus argumentos para justificar el desmantelamiento de la seguridad social y la imposición de sus reformas privatizadoras.

Pero los representantes gubernamentales y los diputados de los diversos partidos políticos han sido incapaces de sustanciar la argumentación para la realización de la reforma al sistema de seguridad social. Al argumento de los trabajadores sobre el desfalco del fondo de pensiones y el incumplimiento de las aportaciones de los gobiernos federal y estatales, no pudieron contraponer ni las bases legales del desvió de los recursos, ni pudieron demostrar su utilización adecuada en otros renglones de la seguridad social. Al planteamiento de la carencia de los recursos financieros para restituir los fondos de pensiones y refinanciar la seguridad social, los trabajadores reclamaron y les reclamaron el uso perverso de los recursos públicos, para un millonario rescate bancario que representa más de la suma del déficit (cercano a 110 mil millones de dólares) del fondo de pensiones en el ISSSTE E IMSS. De igual manera los funcionarios, no pudieron justificar los desproporcionados recursos destinados al pago de la deuda externa e interna, mientras que el Estado no asume la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad social para todos los mexicanos.

El argumento de la "transición demográfica" no pudieron sostenerlo, con la información oficial de que menos del 5% de la población tiene más de 60 años y la edad media en México es de 23 años. De igual manera se les demostró que el cambio en la proporción de trabajadores jubilados por activos es producto de la precarización del trabajo, que el Estado tolera la contratación por debajo de la ley, excluyendo a más de 26 millones de mexicanos de la protección de la seguridad social.

Respecto al déficit de ingresos de las instituciones de seguridad social, se ha demostrado que la caída salarial ha provocado que hoy el ISSSTE reciba la tercera parte de los ingresos que obtenía a fines de los setentas y que la contratación sin prestaciones, -la reducción de la planta laboral por el congelamiento de plazas por retiro voluntario que el año pasado el Ejecutivo informó llega a 180 mil puestos de trabajo-, también han contribuido a la reducción de los ingresos. La fragmentación salarial ha provocado una inversión en el peso de los salarios base, existen puestos de trabajo donde las prestaciones o compensaciones representan hasta el 200%, repercutiendo negativamente en los ingresos al ISSSTE y que las pensiones representan la tercera parte de los ingresos de los trabajadores.

De igual manera los promotores de la reforma no han podido encarar la inequidad y la sangría de las millonarias jubilaciones que reciben los ex presidentes del país, así como de altos funcionarios y gerentes que suman decenas o cientos de miles de pesos mensuales por trabajar 4 o 6 años, llamando privilegiados a los trabajadores que hoy se pueden jubilar a los 28 o 30 años de servicio con magras jubilaciones que en promedio llegan a 400 dls.

Los trabajadores hemos insistido en que se suspenda la privatización del sistema de seguridad social que realiza el gobierno mediante el pago y la deducción de impuestos de los seguros médicos, de riesgos y de vida, que se está extendiendo en la administración pública y en el sector privado, hecho que representa una sangría para las finanzas públicas y que finalmente el pueblo paga. Según la información oficial, el gasto en servicios de salud en el país representa el 5.8% del PIB, del cual el 60% lo consume el sector privado, que en una alta proporción es regresado por el Estado, mediante la deducción de impuestos a un 15% de la población de mayores ingresos.

Los voceros del gobierno y de los partidos políticos, pretenden ocultar la cancelación del derecho a la recreación y la cultura de los mexicanos, que mediante las instituciones de seguridad social contaba con un sistema que abría la oportunidad a millones de trabajadores de bajos ingresos y permitía que éstos contaran con espacios de cultura y deporte para su desarrollo y el de su familia. Hoy no pueden negar que estén cerrados una gran cantidad de teatros y centros culturales y que la mayoría de los centros recreativos y deportivos que quedan estén concesionados al sector privado.

Finalmente, en el ámbito de la discusión, han tenido que reconocer que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) son un gran negocio que sólo beneficia a los banqueros (hoy fundamentalmente extranjeros), que no únicamente son las inmensas comisiones que representan en promedio el 25% de las aportaciones del trabajador, sino que en el caso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la Vivienda y las Afores de los asegurados del IMSS, el manejo de esos grandes recursos financieros por la banca, no han cumplido con el objetivo planteado en la reforma de Ley del IMSS de 1995, de que se financiaría el desarrollo económico para generar empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Por lo que la opción de la capitalización del ahorro mediante las Afores ha resultado un fraude para el país que hoy se concreta en el uso de recursos públicos millonarios - más de 7 mil millones de dólares anuales - para cubrir el costo de esta reforma que prometía ser la solución para la crisis financiera del IMSS que en aquél año sirvió de justificación para individualizar las pensiones.

Formalmente a la fecha, el poder legislativo no ha dado respuesta oficial a la demanda que hemos hecho los trabajadores en relación a la solicitud de información del manejo del los fondos, la auditoria y a las propuestas para el rescate del sistema de seguridad social.

II.- Reingeniería de los servicios de salud y de algunas prestaciones sociales

Durante el 2002, sin consultar a los trabajadores las direcciones sindicales (FSTSE Y SNTSS)[3] inician las negociaciones para reformar la Ley del ISSSTE y el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que provoca la fractura de la FSTSE y la recomposición del movimiento democrático al interior del SNTSS. Simultáneamente los principales partidos políticos (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PAN; PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PRI; Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PRD) unifican su postura sobre la ampliación de los años de servicio, el aumento en la edad de jubilación y el incremento de las aportaciones por parte de los trabajadores. En ese mismo año, con la promoción del PRD la Cámara de Diputados, destinó 20 mil millones de pesos de los fondos aportados por los trabajadores al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), para utilizarlos como gasto corriente del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, se intensifica la reingeniería de los servicios de salud y de algunas prestaciones sociales. Las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel se reestructuran como organismos descentralizados para poder subrogar y concesionar los servicios, así como para contratar áreas de operación con empresas privadas como son servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y servicios generales "no sustantivos". Se generaliza en el IMSS la contratación a particulares del servicio de guarderías. Áreas completas de los centros recreativos y culturales del IMSS e ISSSTE, se transfieren al sector privado, sumándose a los servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento y alimentación.

III.-Reforma Express

En 2004, después de un primero de mayo marcado por la amplia protesta en contra de las reformas estructurales y en defensa de la seguridad social y, en periodo extraordinario de un DIA, con único tema se aprueba la ingerencia del Congreso de la Unión, en el CCT del IMSS, para que administrativamente se suspendan las contrataciones y se evite el uso de los ingresos regulares del IMSS para pagar a los jubilados. En este periodo el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS no organizó ninguna manifestación relevante, el día de la aprobación en la Cámara de Diputados no movilizó ni siguiera (a los miles) de la estructura sindical de la zona centro del país donde se concentra más del 30 % de su membresía.

En un esfuerzo de coordinación las secciones de la Ciudad de México, promueven una respuesta masiva, en el periodo extraordinario al que convoca el Senado, entre granaderos, golpes y demagogia de una pequeña comisión de una central obrera la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), se consumó el golpe al IMSS, resquebrajando la moral de lucha de los trabajadores.

Septiembre abre el periodo de movilizaciones y el Congreso de la Unión inicia su período ordinario sin grandes contratiempos. Cada partido político desempeña con pulcritud el papel señalado. La nueva democracia. Todas las organizaciones se vieron obligadas a pronunciarse en relación con la ilegal reforma al IMSS y la defensa del ISSSTE, después de una magna movilización nacional el Congreso Nacional del Sindicato Nacional del IMSS (SNTSS) es suspendido súbitamente cancelando el debate sobre las estrategias sindicales para la defensa de la seguridad social y su CCT. La cúpula del sindicato y la UNT, frenan el proceso de organización y movilización general, la huelga nacional anunciada se va diluye en un diálogo nacional[4] de amplia representación con los voceros del episcopado y del salinismo. La represión para los trabajadores del sistema de salud y seguridad social (IMSS, ISSSTE Y SSA) se generaliza.

La difusión que los trabajadores democráticos hacen de la propuesta de reforma de la dirección del ISSSTE, provoca que nuevos sectores se incorporen a la lucha y al proceso organizativo, el Foro Nacional sobre el ISSSTE, convocado por la organización democrática magisterial (CNTE), fue una oportunidad significativa para promover la realización de los distintos encuentros de Trabajadores al Servicio del Estado cristalizó en una propuesta organizativa, EL FRENTE NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Y la generación de un debate general así como la convergencia de los distintos procesos de lucha contra la privatización de esta institución, entre los trabajadores de la salud, empleados de distintas dependencias, universitarios y magisterio democrático, que en sus distintas expresiones van coincidiendo en el planteamiento de la defensa de los derechos sociales y el fortalecimiento de la seguridad social. Es necesario reconocer que el magisterio de provincia, fue el pivote y sostén de las movilizaciones y del plantón ante el poder legislativo.

En octubre del 2005, precedido de una ola represiva de la estructura sindical y la patronal que sancionó y destituyó a más de 200 sindicalistas y delegados, el congreso nacional del SNTSS con la imposición de la dirección nacional resolvió modificar el régimen de jubilaciones.

En diciembre del mismo año, el senador Joel Ayala, dirigente de la FSTSE, en el último día de sesiones del período ordinario de la Cámara de Senadores, presentó una iniciativa de Ley para cambiar la que rige al ISSSTE. Iniciativa que significa un enorme retroceso en los derechos de los trabajadores, representa un gran costo financiero para las finanzas públicas y tendrá un impacto depredador a la seguridad social de los trabajadores al Servicio del Estado y de instituciones públicas.

Consideraciones finales

I.-     El derecho a la seguridad social es atacado para transferir al sector privado su gestión y sus beneficios económicos. El abandono de las obligaciones del Estado se realiza trasladando las responsabilidades al individuo y soslayando los principios de solidaridad, integralidad, universalidad e igualdad. Hoy el incumplimiento de la función social del Estado muestra la incapacidad del sistema político para cumplir una obligación histórica con los trabajadores de México. Así lo muestra la exclusión de la seguridad social de casi el 70% de la población ocupada, el deterioro del cuidado de la salud, las bajas pensiones, la poca protección de los asalariados en los riesgos de trabajo y las deficientes prestaciones sociales.

II.-    El camino de la privatización ha recorrido diversas facetas, el primer paso ha sido el desfinanciamiento crónico derivado de las bajas aportaciones del Estado y patrones, el desvió de los fondos de la seguridad social y la corrupción patronal en la afiliación obrera. Tal es el caso de los ingresos a las instituciones de seguridad social (IMSS E ISSSTE) que el año pasado fueron menores al 3% del producto interno bruto; en el caso del IMSS la aportación del Estado representó sólo el 22%, que equivale a 35 mil millones de pesos, esto es el 16% o la sexta parte de lo que se destino al servicio de la deuda pública. El gasto por derechohabiente del IMSS al día alcanzó $9.00 (nueve pesos) para la atención de las distintas prestaciones médicas y sociales a que está obligado el IMSS. Cabe destacar que el Estado ha incumplido con el financiamiento de los servicios médicos de los jubilados derivados de la reforma a esta institución en el año de 1995 que representó el año pasado más de 18 mil millones de pesos; equivalente al 80% del gasto en medicamentos y material de trabajo.

III.-   Un problema central es la disminución de la afiliación de derechohabientes, producto de la precarización del empleo. Según cifras oficiales, 26 millones de mexicanos laboran sin seguridad social, sin contrato de trabajo y por supuesto sin organización sindical.

IV.-   El caso de las reformas al Régimen de Jubilaciones y Pensiones constituye el despojo del ahorro laboral de la clase trabajadora. La privatización de las pensiones es un retroceso histórico y representa el saqueo del siglo XX: la desaparición de los fondos sociales de dos generaciones. Inducido por los organismos financieros internacionales el Estado mexicano, en la última década ha iniciado cambios estructurales para desaparecer el sistema de protección social de los trabajadores y sus dependientes económicos. Las reformas a las jubilaciones representa el abandono de la protección social del Estado, con un explicito interés financiero, que soslaya, la cuestión social y la dimensión técnica de la seguridad social. El argumento central establecía que la reforma impulsaría el ahorro y la inversión nacional, lo que redundaría en crecimiento económico, generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida. El resultado es un gran enriquecimiento del capital financiero, sin ninguno de los beneficios prometidos ni para el país ni para los trabajadores.

V.-   ¿Dónde quedó el dinero de los fondos laborales? es la pregunta que nos hacemos todos. Los distintos directores del IMSS e ISSSTE y el gobierno en su momento, han dado diferentes versiones sobre el destino del ahorro laboral, inversión en equipamiento, construcción de hospitales y centros vacacionales, llegando a la pretensión de que la transición demográfica y epidemiológica se los comió. Estamos hablando de montos cercanos a los 70 mil millones de dls en el caso de los 2.5 millones de asegurados al ISSSTE y de más de un 150mil millones de dls para los 12 millones de asegurados del IMSS.

VI.-  No podemos concluir este tema sin mencionar el latrocinio de las Afores, que manejan más de 900 mil millones de pesos cobrando comisiones del 25% por las aportaciones realizadas.

VII.-  Es necesario tener presente los costos para la sociedad de estas reformas que tienden a desaparecer la seguridad social, en primer lugar, la exclusión de la mayoría de los trabajadores y la ampliación de las desigualdades. En segundo lugar, la cancelación de derechos y la reducción de beneficios y la precarización de las pensiones, la mercantilización afecta la calidad de los servicios médicos. En tercer término, el costo para las finanzas públicas, ya que el Estado asume la deuda de cubrir las pensiones en curso, servicios médicos y prestaciones de jubilados que en el caso del IMSS representará el 25% del PIB, mientras que en el caso del ISSSTE se plantea que superará el 15% de la economía. En contraste las inmensas ganancias irán a parar a las arcas de la banca internacional por partida doble, cobran por manejar los recursos económicos y cobran por prestar el ahorro laboral.

VIII.-  En materia del cuidado a la salud las desigualdades en nuestro país crecen de manera insultante. Actualmente en nuestro país el gasto en salud alcanza el 6% del PIB, donde el 60% lo consume el sector privado que beneficia entre el 10 y 15% de la población, en tanto que el 40% de los recursos se destinan a más del 80% de los mexicanos. Respecto al derecho a la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social, basta con señalar que el presupuesto para el próximo año considera 2 pesos al día por persona, para la promoción, prevención, atención médica y rehabilitación. Mientras que los recursos destinados al desarrollo social para quienes viven en la miseria alcanzan la suma de 1.40 pesos al día. Con lo que podemos concluir que el seguro popular y los programas contra la pobreza que ha puesto en marcha el gobierno federal, son un discurso que lentamente van agitando y provocando se pierda la paciencia de los mexicanos.

IX.-   Hoy tenemos la posibilidad de rearticular el movimiento social democrático, superando la ilusión de las amplias alianzas con los enemigos de nuestra clase. Hoy no se trata de preparar un programa para administrar la miseria, requerimos de un programa que reconstruya la economía, restituya la legalidad y recupere la soberanía nacional. Para ello es necesaria la refundación del sindicalismo y la organización social, al mismo tiempo que se dignifique la política y restaure la militancia por el cambio social y político.

[1] Versión resumida de la ponencia que con el mismo título presentó el autor en el "Foro Continental Americano en Defensa de la Salud de los Pueblos", realizado en la Ciudad de Caracas, Venezuela, los días 21 a 23 de enero de 2006.

[2] Luchador social, exdirigente de la Sección XIV del Sindicato de Salubridad y Asistencia; coordinador de SEMPO, Programa de Educación Laboral y Sindical; sempo@correo.unam.mx; www.forolaboral.com.mx

[3] Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado. Con cerca de 2 millones de afiliados. sindicato de trabajadores del Seguro Social que agrupa a 360 mil trabajadores y 150 mil jubilados.

[4] Se realizó el Dialogo Nacional donde participaron organizaciones sindicales, campesinas, populares y partidos de izquierda. Dos de los cuatro ponentes centrales son representantes del Episcopado y un exfuncionario de Carlos Salinas de Gortari.